NECESIDAD DE LIBERACIÓN DE PRISIONEROS POLÍTICOS Y ERRADICACIÓN DE LA PRISIÓN POLÍTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ ESTABLE Y DURADERA.

Ponencia presentada  al Foro Nacional “Paz, Justicia Social, Pluralidad y Derechos Humanos”, realizado en Barranquilla el 7 y 8 de mayo de 2015.

Históricamente la prisión ha sido usada por los Estados como un dispositivo de represión ante el levantamiento popular contra los sistemas socioeconómicos injustos. La humanidad ha transitado de un derecho natural a la resistencia hacía la criminalización de ese derecho, dándole el calificativo de delito, como sucede con la resistencia insurreccional, descrita en las normas penales como Delito Político.

En el Siglo XVIII, el derecho a resistir la opresión con la fuerza alcanza a ser proclamado por las primeras declaraciones de derechos, que recogían la doctrina iusnaturalista y estimaban legítima la violencia popular encaminada a abolir, derrocar o reformar un gobierno caracterizado por los abusos, usurpaciones y despotismo absoluto al que fuese sometido un pueblo. Estas herramientas positivas consagraban como derecho y deber de los pueblos el derrocar ese gobierno injusto por uno nuevo que les resguardara.

Para el siglo XIX, a partir de la Revolución Francesa, las fricciones existentes entre el derecho positivo injusto y el derecho natural a la resistencia se resuelven con el desarrollo del concepto del Delito Político, siendo incorporado en la mayoría de las constituciones. Es así como surgen diversas teorías y doctrinas que distinguen los lineamientos entre el delito político y el delito común; estas teorías están basadas fundamentalmente en caracterizar al Delito Político como la violencia altruista que pretende cambiar un gobierno y/o la estructura del Estado por el bienestar común, mientras que el delito común comprende un accionar violento caracterizado por móviles individuales y egoístas. No obstante, es la teoría internacional la que se aproxima a establecer que son Delitos Políticos tanto el accionar violento dirigido contra los intereses políticos del Estado o los derechos políticos del ciudadano, como aquellos delitos de derecho común cuyos hechos materiales sean indispensables para la ejecución del delito político. Dando paso a la reflexión jurídica y teórica de los delitos conexos al delito político.

Durante el siglo XX, con el desarrollo positivo de los Derechos Humanos (DUDH), los Estados se obligan a proteger los derechos humanos por un régimen de derecho, es decir, a crear instrumentos jurídicos (normas y mecanismos) que conserven los derechos de las y los ciudadanos y castiguen las violaciones de éstos. En consecuencia, el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su párrafo tercero, advierte textualmente que “los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Es aquí, donde el derecho moderno reincorpora el reconocimiento del derecho a la rebelión ante el poder político injusto, facultando a los pueblos en agotar los recursos necesarios para establecer un orden social justo.

Ver ponencia completa:

Ponencia FLD 2015

CONTÁCTANOS

Contáctate con nosotros. En Breve nos comunicaremos contigo.

Enviando

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

o    

¿Olvidó sus datos?

Create Account