«Represión, Hostigamientos antes de la jornada del paro del 21N»

Por: Katy Diaz

De la cacería de brujas adelantada el pasado 19 de noviembre, donde se llevaron a cabo 27 allanamientos por parte del la Policía Nacional, solo lograron 2 capturas y ambas se cayeron. Los capturados, Andrés Felipe Palacios y Carlos Julian Duarte fueron identificados por los medios como alias «chiqui» y «el diablo», generando una estigmatización ilegitima en su contra, la cual, según se demostró el día de hoy carece de fundamentos. Un juez de la república decretó como ilegales los allanamientos adelantados en sus inmuebles, junto con tres allanamientos decretados por el mismo fiscal en diferentes viviendas pertenecientes a lideres sociales y miembros de grupos artísticos y políticos por lo cual ambos fueron puestos en libertad.

Previa a dicha declaración en horas de la mañana fue puesto en libertad constitucional Andrés Palacios, cuando al adelantar el proceso de revisión probatoria por parte del fiscal se encontró que lo elementos incautados no revestían los elementos para configurar conducta típica en contra del ordenamiento jurídico.

Los allanamientos presentados ante juez de control de garantía para su control posterior fueron encontrados faltos de motivación y por lo tanto, deben ser entendidos como una actuación administrativa carente de fundamento. Según se argumento en audiencia estos serían ejecutados a partir de una llamada anónima al 123, donde una fuente no formal entregaría información sobre las ubicaciones y datos de los procesados; información abiertamente contraria con lo presentado por el Fiscal General de la nación según el cual estos actos obedecen a «investigaciones adelantadas durante varios meses», lo que permite entender la configuración de un falso positivo judicial, junto con la posibilidad de seguimientos ilegales por parte de las fuerzas policiales.

Por último es prudente mencionar, que dentro de las diligencias de allanamientos se incautaron elementos personales de terceros no vinculados con la investigación, lo cual constituye una vulneración de sus derechos y su privacidad, sin que hasta el momento hayan sido recuperados en su totalidad. Se presentó la retención de elementos que no fueron incluidos dentro de los informes y posteriormente entregados a los abogados encargados sin la suscripción de acta o informe que certifique el tratamiento dado sobre los mismos. A los abogados acompañantes del proceso solo se les permitió tener un breve conocimiento de los documentos soporte de los actos urgentes adelantados, puesto que los mismos fueron retenidos por aproximadas 12 horas por miembros de la policia nacional y luego fueron presentados por parte del operador fiscal unicamente en audiencia, sin permitir el conocimiento previo de los mismos.

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