DECISIONES DEL FISCAL GENERAL Y DECRETO 546/2020 BURLAN DEMANDAS DE LA POBLACIÓN RECLUSA COLOMBIANA EN MEDIO DE VULNERABILIDAD GENERADA POR COVID-19

Amanece Colombia con un nuevo decreto, el No. 456 de 2020, por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y medidas de aseguramiento, siendo este uno de los tantos decretos expedidos por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria vivida en el territorio como consecuencia de la pandemia de COVID-19, el cual,  lastimosamente, se suma a una larga lista de regulaciones que no da respuesta a las inquietudes y necesidades de la población, ni brinda herramientas para la solución o mitigación de las problemáticas actuales en materia sanitaria de derechos humanos.

Es importante recordar que, el pasado 21 de marzo de 2020, la población privada de la libertad alzó su voz de protesta y comunicó a la institucionalidad la necesidad de brindar garantías y prestar mayor atención a la situación de hacinamiento y confinamiento que día a día viven las y los reclusos, lo que potencializa el riesgo de contagio de COVID-19; como respuesta inmediata se consumó una masacre en la Cárcel Modelo de Bogotá, siendo asesinados 23 reclusos y heridos 83, justificando la institucionalidad esta grave violación a los derechos humanos con la versión de tratarse de una contención a un supuesto intento de fuga.

Así mismo, a pesar de existir una amplia línea jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional Colombiana sobre el derecho a la protesta de la población reclusa y la sistemática declaratoria del estado de cosas inconstitucionales en las cárceles y penitenciarias colombianas, este lunes 13 de abril, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que había asignado un equipo para investigar a quienes estuvieron detrás de instigar el levantamiento de las cárceles, con ocasión a los hechos ocurridos el 21 de marzo, señalando que detrás de los motines estaría el ELN y las disidencias de las FARC, estigmatizando una vez mas a la población reclusa que ejerció su derecho constitucional a la protesta.

Resulta totalmente absurda y revictimizante la decisión manifestada por el fiscal Barbosa, quien se suma al intento institucional de justificar la masacre en la Cárcel La Modelo que, valga resaltar, constituye una grave violación a los derechos humanos. El fiscal  debería concentrar su línea de investigación en responder quién dio la orden para que el Estado disparara sus armas contra la población reclusa desarmada, indefensa, sometida y bajo condición especial de sujeción.

A esta revictimización y amenaza de impunidad frente a un evidente crimen de Estado cometido contra las personas privadas de la libertad y como respuesta tardía, después de más de 20 días, se emite el Decreto No. 456 de 2020, que se convierte en una burla las justas solicitudes de prevención y respeto a la dignidad humana de la población privada de la libertad, donde se desconoce la necesidad de descongestión de los centros penitenciarios y se prioriza la tortura por encima de la humanidad. De acuerdo con este decreto, la población privada de la libertad que sería beneficiaria de traslado a privación domiciliaria representa cifras insignificantes y denigrantes.

Según cifras oficiales del INPEC, a corte del mes de abril del presente año, se tiene un 49,09% de hacinamiento carcelario, con una población reclusa de 120.652, donde más del 97% se encuentran condenados o sindicados por delitos expresamente excluidos dentro del referido decreto, quedando como posibles beneficiarios de estas regulaciones menos del 3% de los privados de la libertad, cifras a todas luces denigrantes e insignificantes para contener la posible propagación de un virus que amenaza con diezmar a la población.

En virtud de lo anterior, desde la Fundación Lazos de Dignidad -FLD-, organismo no gubernamental defensor de derechos humanos y miembros de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos:

  • Rechazamos las decisiones caricaturescas tomadas por el Gobierno Nacional, resumidas en el Decreto No. 456 de 2020, así como la estigmatización y persecución penal contra la población reclusa que ejerce el derecho constitucional a la protesta.
  • Exigimos respeto a la dignidad humana y  garantías efectivas en beneficio de las personas privadas de la libertad en Colombia, obligada  por el Estado a vivir en condiciones de inhumanidad y a morir ante la desidia estatal, pena a la que no fueron condenados y no están en capacidad de soportar.

Colombia, abril 15 de 2020

#PrisiónNoEsSolución #EmergenciaConDerechos

@FLazosDignidad · www.fundacionlazosdedignidad.net

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